Por orden judicial, efectivos de la División Trata de Personas de la Policía de Tucumán inspeccionaron un domicilio en la capital tucumana y secuestraron dos equipos de grabación DVR. La causa investiga un presunto ataque ocurrido durante un viaje iniciado en Banda del Río Salí.
En el marco de la causa judicial que investiga un grave caso de presunto abuso sexual denunciado contra un conductor de la aplicación Uber Moto, la Policía de Tucumán concretó un allanamiento en un inmueble ubicado en la zona norte de San Miguel de Tucumán, donde se procedió al secuestro de dispositivos de videovigilancia considerados clave para el esclarecimiento del hecho.
De acuerdo con el informe policial, el episodio denunciado habría ocurrido el miércoles 18 de noviembre, cuando una joven solicitó un traslado en motocicleta desde Banda del Río Salí con destino a la capital tucumana. Según consta en la presentación judicial, durante el trayecto el conductor habría modificado el recorrido previsto y trasladado a la pasajera hasta un motel ubicado en la zona del Parque, lugar donde presuntamente la sometió sexualmente.
A partir de las tareas investigativas desplegadas, el juez Guillermo José Di Lella libró una orden de allanamiento sobre un inmueble situado en la zona de calle Haití al 1100, en la capital tucumana. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Trata de Personas de la Policía de Tucumán, bajo la supervisión de la comisario principal Florencia Rodríguez, jefa de dicha dependencia.
Durante la requisa en el lugar, el personal policial secuestró dos equipos DVR con sus respectivos discos duros de almacenamiento, los cuales podrían contener registros fílmicos de cámaras de seguridad de interés directo para reconstruir la secuencia de los hechos. Los dispositivos fueron resguardados bajo estricto protocolo de cadena de custodia y puestos a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Centro Judicial Concepción, con intervención de la doctora Julieta Ledda.
Las autoridades judiciales y policiales continúan con las pericias técnicas sobre el material incautado y otras diligencias probatorias para determinar con precisión las circunstancias del hecho denunciado y establecer las correspondientes responsabilidades penales.


