Con una Cautelar, su fallo tiene alcance limitado y rechaza su aplicación a una cable operadora local
Ahora, las firmas grandes, que pugnan por el aumento de tarifas, podrían reclamarlo como antecedente
El juzgado federal N°1 de Córdoba dictó una medida cautelar en contra del decreto presidencial que dio carácter de servicios públicos a la: telefonía, internet y TV por cable y que hizo que sus precios pasaron a estar regulados por el Enacom.
La medida cautelar frena la intervención del Estado en el sector y favorece directamente a una pequeña cableoperadora llamada TV Cable Color S.A. Mientras tanto, el gobierno se sostiene en otros fallos que rechazaron pedidos de las empresas y ratifica el plazo de este viernes para que Cablevisión devuelva los aumentos aplicados y no autorizados.
Según la posición del juez cordobés Bustos Fierro, el Decreto de Necesidad y Urgencia Presidencial, “ocasiona un perjuicio” a la cableoperadora que presentó la demanda. El magistrado plantea que la regulación del precio por la autoridad de aplicación, entre otras potestades que ahora posee el Estado, “impedirá recuperar las inversiones realizadas y llevar a cabo nuevas inversiones necesarias para la correcta y debida prestación de los servicios”.
El juez busca “garantizar el funcionamiento de la empresa y evitar el riesgo que implicaría la continuación de las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo”. Por eso dictó una medida cautelar que suspende los efectos de aquel DNU. Argumenta que la declaración de servicio público “requiere el dictado de una ley formal emitida por el Congreso de la Nación, no pudiendo serlo por acto administrativo alguno”.
Desde el gobierno nacional recuerdan que el fallo solamente aplica para la empresa que lo solicitó, que cuenta con alrededor de 500 abonados.
Por otro lado, en el Enacom advierten que el fallo además se pone en contra de la ley aprobada durante el segundo gobierno de CFK, que exigía que una medida cautelar contra el Estado no se imponga sin antes darle traslado al sector público.
Luego del fallo, la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) salió a decir que la medida “ordena al Poder Ejecutivo Nacional y al Enacom abstenerse de emitir y llevar a cabo acto alguno con fundamento en dichos decretos –en relación a las nuevas normas regulatorias del sector–, hasta tanto se dicte sentencia definitiva”.
El fallo de Bustos Fierro tiene lugar luego de que la semana pasada el juez en lo Contencioso Administrativo federal Walter Lara Correa haya rechazado un planteo de Telecom en el mismo sentido. Tampoco habían tenido suerte las empresas ante la Justicia de Mar del Plata, que pidió a las empresas devolver a sus clientes parte del aumento facturado, el cual excedía a lo autorizado por el gobierno.
El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López, afirmó que “Cablevisión tiene tiempo hasta el viernes para comunicar a sus clientes el reintegro de los importes cobrados indebidamente por la prestación del servicio, bajo apercibimiento de iniciar el procedimiento de sanción y aplicar las multas que correspondan por ley”.
Finalmente, López sugirió que, “Es probable que lo hagan con la factura de marzo.
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