La Junta Electoral de la provincia, integrada por los doctores Daniel Posse, Edmundo Jiménez y Washington Navarro, está analizando 20 impugnaciones presentadas por ciudadanos y partidos políticos contra candidatos a ocupar diferentes cargos en las elecciones provinciales del 9 de junio próximo.
Los motivos de las denuncias incluyen cuestionamientos a los lugares de residencia de los postulantes, inhabilidad moral y hasta violencia de género y no pago de la cuota alimentaria de los hijos.
La JEP ya informó de las impugnaciones para que los candidatos respondan a los planteos y, tras el análisis de los descargos, los doctores Posse, Jiménez y Navarro resolverán si corresponde inhabilitarlos para presentarse en los comicios del mes que viene.
Cabe recordar que los candidatos que se presentan para ser elegidos por el sufragio popular son más de 18.600, que se dividen en 9 postulantes a gobernador, 2.276 a legisladores para cubrir 49 bancas, 157 postulantes a intendentes de las 19 municipalidades, 14.256 candidatos a concejales para ocupar 184 lugares en todos los municipios y 1.978 tucumanos interesados en gobernar las 93 comunas.
La Junta Electoral citó a dos denunciantes sobre la mala inclusión de votantes en el interior de la provincia
La Junta Electoral Provincial, integrada por los doctores Daniel Posse, Edmundo Jiménez y Washington Navarro, citó para hoy a quienes denunciaron la mala inclusión de ciudadanos en los padrones en el interior de la provincia con la intención de profundizar en las averiguaciones sobre los casos en cuestión. Cabe recordar que la JEP ya presentó ante la Justicia Penal Provincial y Federal, los casos de 451 personas mal incluidas en la nómina oficial en más de una decena de lugares en el interior de la provincia.
Con la intención de evitar cualquier situación irregular pero sin vulnerar el derecho al voto de estas personas, la JEP los distribuirá en el padrón en los lugares en los que aparecen residiendo en elecciones anteriores, mientras la Justicia investiga.
En la oportunidad, fueron citados Luis Antonio Zelaya, quien denunció malas inclusiones de ciudadanos en el padrón en la localidad de El Naranjo y El Sunchal; Luis González, quien planteó una situación similar en el padrón correspondiente a la ciudad de Simoca; y Alberto Romano y Francisco Juárez, que advirtieron sobre casos en la localidad de El Cercado.
La Junta Electoral ratificó su objetivo de que las elecciones se realicen en paz y tranquilidad, apegadas a la legislación vigente, con la posibilidad de que todos los votantes en condiciones de sufragar lo hagan libremente y que los candidatos puedan competir en igualdad de condiciones.