Caduca la vigencia del decreto 61/21, que prohíbe los desalojos y la decisión de no renovarlo.
Si no hay cambios en los próximos días, a partir del primero de abril concluirá el congelamiento de los alquileres. No habrá impedimentos para los desalojos que se tramitan en la justicia penal y en la civil. En ambos fuerosexiste una gran cantidad de expedientes que aguardan el fin del decreto para ejecutar las órdenes de los magistrados. El escenario genera incertidumbre en los inquilinos, pero entusiasmo en el mundo inmobiliario.
Si bien, desde Casa Rosada advirtieron que la decisión de no renovarlo está tomada, pero, como la concreción de los desalojos, provocaría desazón y serias consecuencias sociales y políticas ante un nuevo pico de contagios de coronavirus, algunas fuentes del Ejecutivo no descartan un “giro repentino” para mantener el freno a los desahucios, eso sí, de llegar, lo haría con algunos cambios al texto que vence éste miércoles 31 de marzo, antes de Semana Santa.
La renovación de los impedimentos ya fue solicitada por la Vice-Presidenta Cristina Fernández, pese a que, en el Ejecutivo no hay un diagnóstico certero y actualizado sobre el impacto que puede generar la combinación de ambos factores tan complejos y delicados. El primero es el aumento repentino de los alquileres formales e informales, en medio de un trimestre que superó todas las estimaciones inflacionarias. El segundo es la ejecución de los desalojos frenados que tramita la justicia, pero como la cara visible de un proceso silencioso que se acentuó desde el año pasado. El peor temor es que se disparen ante la cantidad de inquilinas e inquilinos informales que no pueden pagar los nuevos montos, junto a las deudas contraídas, y sean obligados a dejar sus lugares sin mediación alguna. En realidad, hay protagonistas despojados de cualquier defensa jurídica que les permita afrontar ese momento crítico.
Si se habilitan las actualizaciones tarifarias, los propietarios que buscarán recuperar parte de lo que no ganaron el año pasado y llegarían los nuevos aumentos del alquiler, en medio del nuevo marco regulatorio definido por la Ley de Alquileres, que los obliga a registrar los contratos en la AFIP, con una duración mínima de tres años. Con ese fin, ya están desarrollando un fuerte lobby en los tres poderes del Estado, pero especialmente en el Ejecutivo.
En ese contexto, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina-CoFeCIpropuso la creación de una ‘tarjeta AlquilAR’ para que el Estado asista a los inquilinos, “de la misma manera que lo hace con las familias con dificultad para cubrir sus necesidades alimenticias, como la tarjeta AlimentAR”.
Casi al mismo tiempo, un grupo de organismos de Derechos Humanos y dirigentes políticos le enviaron una carta al presidente Alberto Fernández y a su Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Alberto Ferraresi, para que extienda el decreto y elabore “un plan de desendeudamiento.
La respuesta de Ferraresi fue oficializar la creación de un “protocolo nacional de alerta temprana de desalojos de vivienda única y familiar en regímenes de alquileres formales. En los papeles deberá reunir al Ministerio de Justicia, organismos nacionales y provinciales para tener un panorama certero sobre mediaciones y “sentencias judiciales de desalojo”.
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