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El Gobierno monitorea a cerca de 3 millones de personas que dejaron de percibir ayuda del Estado

Fueron beneficiarios del IFE pero hoy no están recibiendo apoyo; si la situación económica empeora, podrían volver a asistirlos

 

ficiencia en el gasto, esa es la frase que repiten en los despachos de la Casa Rosada. El Gobierno está dispuesto a asistir, no a “regalar dinero”, como sucedió en 2020. El rojo fiscal y la necesidad de equilibrar las cuentas públicas en pleno proceso de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ordenó la discusión interna: solo habrá ayuda para los afectados por las restricciones a la circulación.

Con escaso margen de maniobra, el Gobierno camina por un angosto desfiladero. En un año atravesado por el cronograma electoral, el presidente Alberto Fernández avanza con un ojo puesto en la pelea diaria que exige el coronavirus y el otro en el control social. Para eso dispuso un amplio abanico de asistencialismo, pero que aún está lejos de contener a los 9.000.000 de personas que atendió el último año.

Hoy, según advirtieron fuentes oficiales del gobierno nacional, hay aproximadamente 3.000.000 de personas que cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que no reciben un solo peso de asistencia estatal. Si la situación sanitaria se complica en las próximas semanas y obliga a disminuir el movimiento de la gente, en Balcarce 50 tienen todo listo para avanzar en rescate de ese grupo.

“No podés tirar plata desde un helicóptero. Hay que focalizar la ayuda”, gráfico una de las principales asesoras económicas de Alberto Fernández.

Los otros 6.000.000 que percibieron el IFE, que incluyó a trabajadores informales, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), monotributistas y desempleados, de entre 18 y 65 años –cobraron tres cuotas de $10.000 cada una–, hoy cuentan con algún tipo de subsidio directo.

“Las restricciones que se han adoptado tienen un efecto acotado sobre la economía. De todos modos, nosotros hemos mantenido el programa Repro y estamos disponibles para ayudar a los sectores afectados”, explicó en las últimas horas la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.

El monitoreo de la situación sanitaria es diario, al igual que el social. Cerca del jefe del Estado son conscientes de que cada peso que se utiliza para un subsidio sale de algún otro presupuesto. El desembolso total por el IFE fue de $270.000 millones. Hoy, según reconocieron fuentes oficiales, no hay más plata.

En este escenario complejo, un 42 por ciento de pobreza y con los dos principales frentes electorales –el Frente de Todos y Juntos por el Cambio– en modo campaña, el Gobierno busca mantener el control callejero. La primera respuesta a las nuevas restricciones encendió las alarmas: varias organizaciones sociales tomaron la calle, en lo que fue una demostración de fortaleza. En la Casa Rosada apuntaron contra el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

Es por eso que desde el gobierno nacional destacaron la batería de medidas que se implementaron tras la finalización del IFE. Entre ellos, la Tarjeta Alimentar –se repartieron casi 1.600.000, que alcanzan a cubrir a más de dos millones de niños y niñas de hasta 6 años–, que en enero se incrementó un 50 por ciento.

Además, se destinaron 14.000 millones de pesos para comedores escolares, comunitarios y merenderos y el presupuesto programa Potenciar Trabajo, que hoy tiene 800.000 beneficiarios que realizan tareas comunitarias cuatro horas por día y cobran medio salario mínimo al mes, crecerá un 180%. Otro de los puntos destacados son las Becas Progresar, que esté año se extendió el pago a 12 meses (antes eran 10).

“Hay un montón de programas para la población. Recuerden lo que era el tránsito en marzo de 2020, no había prácticamente una bicicleta. Hoy es casi normal. Si llega a haber una afectación, veremos qué herramienta es la aplicable”, describió el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, tras la última reunión del gabinete económico.

A esto se suman las medidas que varios intendentes del conurbano implementaron o están en ese camino, en sintonía con la Casa Rosada. Uno de los que picó en punta fue el jefe comunal de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien anunció un importante paquete de medidas de alivio fiscal para los comerciantes afectados por las nuevas restricciones con exenciones de un 30%, 50% y 100% de acuerdo a la actividad.

Los datos oficiales muestran que los contagios por coronavirus se dan mayoritariamente durante las actividades sociales. “No tengo previsto que vuelva por ahora el IFE porque la economía está funcionando. En las industrias hay bajo riesgo de contagio si funcionan los protocolos”, anticipó el Presidente en una de las múltiples entrevistas que brindó durante su cuarentena con paciente Covid postivo.

En este punto, Todesca, una de las voces autorizadas de la Casa Rosada en materia económica que levantó el perfil público en los últimos días, agregó: “Después de un año muy complicado con una caída del 10% del PBI, estamos viendo una recuperación muy fuerte en industria y en la construcción”.

 

 

 

Por: La Nación

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