El abogado privado de Isabel II del Reino Unido presionó al Gobierno británico para que cambiase un proyecto de ley, con el fin de ocultar al público su patrimonio, así lo revela una serie de memorandos gubernamentales descubiertos por los periodistas de The Guardian en los Archivos Nacionales.
Estos documentos demuestran que, en noviembre de 1973, la reina temía que un proyecto de ley, permitiese al público examinar sus finanzas. Con aquella legislación se buscaba transparencia en las participaciones de las empresas.
En particular, el proyecto de ley pretendía evitar que los inversores acumulasen -en secreto- participaciones considerables en las empresas cotizadas en la bolsa, adquiriendo sus acciones a través de compañías fantasmas. Aquél proyecto incluía una cláusula que otorgaba a los directores, el derecho de exigir que cualquier nominado que poseía acciones -en nombre de terceras personas- revelase la identidad de sus clientes.
Tras haber conocido sobre la existencia de aquella iniciativa, la monarca envió a su abogado privado para que presionase al Gobierno, obligándolo a introducir ciertos cambios, escribe el periódico británico. Matthew Farrer, entonces socio del prestigioso bufete de abogados Farrer & Co, fue quien visitó a los funcionarios del Departamento de Comercio e Industria para discutir las medidas de transparencia propuestas en la ley.
Después de la intervención de la reina, el Gobierno británico introdujo una cláusula que le otorgaba la facultad de excluir a las empresas utilizadas por los jefes de Estado, de la vigencia de las nuevas medidas de transparencia.
“Con la ayuda del Banco de Inglaterra, mi departamento ha desarrollado las siguientes soluciones, que aparecerán en el proyecto de ley”, escribió en aquel entonces el Secretario de Comercio, Geoffrey Howe, a un ministro.
Como resultado de las negociaciones, las partes crearon la corporación Bank of England Nominees Limited que fue operada por un par de altos cargos del Banco de Inglaterra. Fue precisamente esta corporación la que colocó un velo de secretismo sobre las participaciones y las inversiones de la reina.
Además, Isabel II podía recurrir a un procedimiento parlamentario arcano, conocido como el consentimiento de la reina, para influir en la formación de las leyes británicas. Se difería de la aprobación real con el hecho de que debería solicitarse antes de que el Parlamento diese la luz verde.
Como regla, fueron los ministros quienes alertaban a la reina cuando una legislación podría afectar la prerrogativa real o los intereses privados de la Corona.
En febrero de 1974, Heath convocó elecciones generales que acabaron suspendiendo toda la legislación que se estaba tramitando en el Parlamento. La propuesta fue resucitada por el posterior Gobierno laborista de Harold Wilson y se convirtió en ley en 1976.
Se cree que las acciones que le pertenecían a la reina fueron transferidas a Bank of England Nominees Limited en abril de 1977, según un libro del periodista Andrew Morton de 1989.
La exención ayudó supuestamente a ocultar la fortuna privada de Isabel II, que podría ascender a cientos de millones de dólares para el 2011. Aquel año, el Gobierno británico reveló que ya no cubría a esta entidad, que fue cerrada unos seis años más tarde. Hasta la fecha no está claro lo qué pasó exactamente con las acciones que esta corporación manejaba en nombre de sus clientes privados.
Thomas Adams, especialista en derecho constitucional de la Universidad de Oxford, quien vio documentos consultados por The Guardian, enfatizó que los grupos de presión reales tuvieron un alto nivel de influencia.
El Palacio de Buckingham no respondió a ninguna pregunta respecto a la presión ejercida por parte de la reina.
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